TRADE NEWS – El cierre del evento ‘Diálogo CPI Corredores de Integración Territorial’, organizado por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), se convirtió en un foro de discusión estratégica sobre los desafíos que enfrentan los corredores de integración territorial en Chile.
Moderado por Carlos Cruz Lorenzen, director ejecutivo del CPI y ex ministro de Transportes y Telecomunicaciones, el panel reunió a los gobernadores regionales Ricardo Díaz Cortés de Antofagasta; Miguel Vargas Correa de Atacama y Sergio Giacaman García de Biobío, quienes coincidieron en la necesidad de generar una institucionalidad que trascienda los períodos de gobierno y asegure la «complicidad» del nivel central.
La gobernanza regional como catalizador
Carlos Cruz abrió el debate planteando la necesidad de una gobernanza que integre la dinámica de los corredores con las demandas locales de minería, energía y turismo de observación, provenientes de Argentina, Brasil, Paraguay o Bolivia. “¿Cómo han pensado ustedes en darle esta gobernanza que vaya más allá de los periodos de los gobiernos regionales y de los gobiernos nacionales?”, consultó.
El gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, destacó la existencia de distintos niveles de gobernanza, desde los acuerdos internacionales hasta la articulación subnacional. Subrayó que el encuentro de gobernadores de las provincias que forman el Corredor Capricornio fue crucial, ya que “incentivó muchísimo el que los países tomaran cartas en el asunto y destrabaran los conflictos que tenían entre ellos”.
Para Díaz, el gobernador regional, al ser la autoridad electa con mayor respaldo ciudadano, tiene la capacidad de “trabajar en esta articulación de la academia, de la industria y también de la sociedad civil”.
Propuso replicar modelos exitosos como la Estrategia Regional Minera, que cuenta con una visión al año 2050, para crear una gobernanza logística portuaria: “pudiéramos tener una estrategia logística portuaria que nos permita darle gobernanza, en donde haya participación de los actores municipales, de los actores regionales”. Finalizó su intervención con un llamado enfático: “Hay que lograr que Santiago escuche a las regiones”.
Priorización y el compromiso político nacional
El gobernador de Atacama, Miguel Vargas Correa, se centró en los criterios de priorización ante las múltiples oportunidades de su región como prospecciones mineras, desarrollo de agua desalinizada y potencial agrícola. Para él, la alianza público-privada es el elemento central, ya que “si aquí no está el sector privado articulado con el sector público, lo más probable es que esto tampoco camine. Porque, al final, el Estado lo que hace es generar condiciones favorables para que las grandes iniciativas avancen, pero los recursos son fundamentalmente privados”.
No obstante, Vargas fue categórico al señalar que la falta de un estado regional implica que las grandes decisiones se toman en el nivel central. Por ello, es imperativa la “complicidad del gobierno central” para avanzar en la mejora de la infraestructura vial y la construcción de complejos fronterizos. El gobernador resaltó que los corredores deben ser elevados a una política de desarrollo estratégico: “Los corredores deberían ser un eje central si queremos pensar en el desarrollo de Chile para los próximos 20 o 30 años.” También advirtió que la competencia internacional, específicamente el proyecto peruano de Chancay, “efectivamente representa una amenaza importante para Chile”.
Desde el Biobío, Sergio Giacaman García respaldó la visión de la alianza público-privada, asegurando que su región “entiende el rol del sector privado”. Ante la consulta del moderador sobre si las regiones están dispuestas a asumir los costos políticos, como la tarificación de carreteras, Giacaman indicó que la crítica se centra en el cumplimiento de las obras. “Yo planteaba una alternativa que fuera un incremento gradual de esos peajes, como una forma de destrabar, en consecuencia, obras que hoy aún están pendientes”.
Integración modal y logística integral
Un punto de coincidencia fue la necesidad de superar la visión puramente vial de los corredores y avanzar hacia la intermodalidad, especialmente con el ferrocarril, para manejar los grandes volúmenes de carga. Ricardo Díaz explicó que, si bien el acuerdo de 2015 del Corredor Capricornio se centró en lo vial, la región promueve una “plataforma multimodal” para evitar saturar las ciudades costeras.
Argumentó que el desarrollo ferroviario, que ya moviliza gran parte del litio argentino hacia el puerto de Mejillones, es fundamental. Sin embargo, lamentó el centralismo al citar un proyecto de línea de carga rápida entre Antofagasta y Calama: “Todavía estamos esperando la autorización de EFE que haga el análisis de ese proyecto. El centralismo nos pasa la cuenta por todos lados. ¿O sea, por qué EFE tiene que venir a decir si podemos o no hacer líneas ferroviarias acá en el norte?”.
El gobernador Miguel Vargas compartió la visión, destacando que el proyecto de Atacama está definido como “corredor minero y ferroviario agroalimentario”.
Informó de la aprobación de un estudio de factibilidad para el uso del ferrocarril con fines productivos y turísticos, instando a que las iniciativas de inversión incorporen la modalidad ferroviaria en sus estudios de impacto ambiental, ya que las carreteras “no van a resistir” el volumen de carga. Además, propuso una visión de infraestructura integral, que incluya la “conexión hídrica” y la “conectividad digital».
Vargas también mencionó la importancia de la agricultura en este desarrollo, señalando que el proyecto de Atacama es “también agroalimentario,” viendo “la realidad del país vecino como una oportunidad” para los productores chilenos.
Seguridad y requerimientos institucionales
Finalmente, los gobernadores abordaron las exigencias institucionales y de seguridad en los pasos fronterizos. Ricardo Díaz pidió tener “criterios comunes, fitosanitarios o normativas comunes de envasado, de sellado, de descripción de los distintos productos para que transiten adecuadamente por los distintos pasos de una manera mucho más efectiva”. Solicitó mayor tecnología, como camiones escáner y sistemas GPS de seguimiento, pero su demanda más urgente fue que “el gobierno a nivel central ponga más funcionarios en la frontera, que es algo que ha sido muy, muy difícil.”
Miguel Vargas alertó sobre la ubicación del complejo fronterizo de Maricunga, que se encuentra a 120 kilómetros de la frontera, calificándolo de “despropósito” ante el crimen organizado. Mencionó la decisión de acercarlo a Laguna Verde para “tener un mayor control”.
Concluyó que, dado que “las relaciones internacionales no están regionalizadas”, se requiere “fortalecer la sinergia entre los organismos centrales, como el Ministerio del Interior y Cancillería, para que el proyecto se transforme en una oportunidad de desarrollo para la comunidad.”
Carlos Cruz cerró el diálogo destacando las coincidencias que existen en distintas regiones y comprometiéndose, a nombre del CPI, a traducir la conversación en un documento que pueda contribuir a generar una política pública de impacto nacional.
Fuente: Trade News, Miércoles 27 de Mayo de 2026
